Un plan con 57 medidas
El Plan plantea 57 medidas de carácter sectorial y transversal enmarcadas en cuatro ámbitos de actuación: Mitigación, adaptación, investigación e innovación y activación social.
El objetivo central del PEIEC se localiza en la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera, a través de la minimización de emisiones o la mejora de los sumideros de carbono, por lo que la “mitigación” será pieza clave en las actuaciones a desarrollar en los próximos años. “Pretendemos separar el crecimiento económico del aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, por lo que presentamos actuaciones que van desde el despliegue masivo de tecnologías de generación renovable, para la producción limpia de electricidad, hasta la electrificación de cada vez más sectores de demanda, y medidas de eficiencia en edificios y en procesos industriales”.
En lo relativo a la generación energética en 2030, pretenden alcanzar un incremento de 10.360 MW de generación renovable, de los cuales 8.000 MW fotovoltaicos, 1.500 MW termoeléctricos, 660 MW eólicos, 196 MW en combustión de biomasa y 4 MW en biogás, con un objetivo de almacenamiento de 800 MW.
En lo que se refiere a las demandas finales de energía, en el sector residencial se espera reducir las emisiones de gases del sector en un 23%, con medidas como la rehabilitación de 24.000 viviendas y un relevante despliegue del autoconsumo fotovoltaico.
En el sector terciario, el subsector público, que debe dar ejemplo, registrará una mejora significativa reduciendo su demanda de energía en un 17% y reduciendo un 12% sus emisiones. En el subsector privado se pretende limitar hasta el 10% el crecimiento de la demanda y hasta un 6% el incremento de las emisiones.
En el caso del transporte, la reducción de energía será de un 10% y también un descenso de un 10% de emisiones, que en parte se producirá gracias a la penetración de 30.000 vehículos eléctricos en la región.
En el sector primario, las medidas a aplicar adquieren una especial importancia, pues se estima una disminución de un 16% de la energía demandada y una caída del 17% en las emisiones. Un alto porcentaje de las emisiones de este sector no se deben a combustión, sino que son emisiones debidas al metano generado en la ganadería, unas emisiones que suponen el 29,6% del total regional y son muy difíciles de reducir.
En el ámbito de ‘adaptación’ se abordará la elaboración y desarrollo de una Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático, y en ‘Investigación e innovación’ se establecerán medidas para que el sistema de ciencia y tecnología extremeño se enfoque hacia la transición energética y climática como elemento dinamizador de las empresas, para que se adapten a una economía descarbonizada y favorecer la retención de talento.
Por último, en ‘activación social’ la pretensión es impulsar la participación de la ciudadanía y los agentes implicados en este proceso de transición, con actuaciones de formación e información, cálculo de la huella de carbono, e integrando el cambio climático en el sistema educativo y luchando contra la pobreza energética.
El borrador del Plan aporta un gran abanico de externalidades positivas sobre la economía y el empleo como la movilización de inversiones, el ahorro de energía y una cesta energética en la que las energías renovables son las protagonistas, lo que posibilitará que el PIB aumente en 4.680 millones de euros.
Esto supondrá la generación de más de 79.600 empleos y se estima una inyección de rentas de 1.848 millones de euros en los hogares extremeños. En términos territoriales, se estima que en torno al 74% del impacto del plan recaerá en las zonas rurales, con lo que se espera que la recaudación municipal aumente en 1.239 millones de euros.
Este plan es un ejemplo de combinación entre economía y sostenibilidad, asegura Olga García, que “pretende provocar un efecto tractor sobre nuestra estructura productiva e incidir en su competitividad, generando actividad económica y empleo sostenible, contribuyendo a la fijación de la población al territorio en el contexto de la reactivación económica tras la COVID-19”.
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